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Descripción del libro

¿Cuáles son los principales retos jurídicos que enfrenta América Latina en el escenario global? Esta obra colectiva —fruto del trabajo académico de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana— aborda seis desafíos urgentes: desde disputas fronterizas hasta minería ilegal, pasando por derechos humanos y empresas, transición energética, inversión extranjera y crímenes internacionales.
Con una mirada crítica y un enfoque humanista, el libro no solo diagnostica problemáticas clave, sino que propone soluciones concretas desde el derecho internacional, destacando el rol propositivo de la región en la construcción de un orden jurídico más justo, sostenible y solidario.
Una lectura imprescindible para jueces, legisladores, empresarios, académicos y estudiantes que apuestan por un derecho internacional con vocación transformadora.

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Peso1 kg
Dimensiones2 × 17 × 24 cm
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Capítulo 1

Las fronteras latinoamericanas:aportes de América Latina a la solución de controversias fronterizas por la Corte Internacional de Justicia

Las controversias fronterizas en América Latina siguen siendo un problema recurrente más de 200 años después de la independencia. Factores jurídicos, sociales y políticos han impedido la resolución de muchos de estos conflictos, mientras otros ni siquiera han recibido tratamiento adecuado. En tanto que las disputas terrestres están plenamente identificadas por los Estados, las marítimas representan un reto mayor debido a la naturaleza del océano. En la región, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido un mecanismo recurrente para abordar estos problemas. A través del análisis de diez casos (cinco terrestres y cinco marítimos), este estudio sistematiza el derecho internacional derivado de estas disputas y examina cómo la CIJ lo ha utilizado en múltiples ocasiones para poner fin a los conflictos. Para ello, identifica los estándares de derecho internacional aplicables, como uti possidetis iuris y effectivités, en la delimitación terrestre, así como el enfoque de delimitación marítima en tres etapas adoptado por la CIJ.

Palabras clave: Controversias fronterizas, América Latina, Corte Internacional de Justicia, derecho internacional, delimitacnión y estándares DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.1
Capítulo 2

Derechos humanos y empresas privadas en América Latina: la influencia del derecho internacional a través de estándares regionales y obligaciones extraterritoriales

Este capítulo explora la necesidad de promover un desarrollo económico sostenible en América Latina en el que la empresa privada desempeñe un papel activo y responsable en el respeto a los derechos humanos. La investigación analiza la creciente proliferación de estándares en materia de empresa y derechos humanos, y de litigios en Cortes nacionales en contra de empresas por hechos ocurridos en el extranjero. A partir de ahí, el capítulo sistematiza el contenido de dos fuentes: las normas nacionales con efectos extraterritoriales sobre debida diligencia en la cadena de suministros de algunos países, principalmente europeos, y las decisiones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH). Este trabajo concluye que los estándares internacionales de soft law, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, han influido en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y han adquirido un carácter vinculante a través de leyes nacionales con efectos extraterritoriales. Esto genera impactos directos e indirectos en las empresas latinoamericanas, imponiéndoles la obligación de respetar los derechos humanos y aplicar procesos de debida diligencia.

Palabras clave: Derechos humanos, empresa privada, debida diligencia, extraterritorialidad, sistema interamericano de derechos humanos, litigios, derecho internacio DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.2
Capítulo 3

El elefante en la habitación de la transición energética: minerales críticos, derechos humanos y medio ambiente en América Latina

La transición energética se perfila como la solución global frente a los combustibles fósiles, pero plantea una pregunta fundamental sobre ¿a qué costo se obtendrán los minerales críticos necesarios? América Latina, con casi la mitad de las reservas mundiales de litio y abundantes recursos de cobre y níquel, se encuentra en el epicentro de esta transformación, aunque muchos de sus propios habitantes aún enfrentan retos para acceder a la electricidad. Este capítulo examina cómo el derecho internacional puede guiar la legislación y las políticas públicas nacionales que aseguren que la extracción de estos minerales no solo sea eficiente, sino también justa y sostenible. A través de una interpretación sistemática que articula el marco global de empresas y derechos humanos junto con los desarrollos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), este estudio sintetiza el marco regulatorio que debería guiar el sector extractivo de minerales críticos en la región y analiza sus limitaciones, oportunidades y aportes que ha hecho la jurisprudencia interamericana en esta materia. De manera comprehensiva, la propuesta armoniza las exigencias de derechos humanos y la protección al medio ambiente para promover una transición energética en la que los beneficios de la nueva economía también impulsen el desarrollo humano integral y sostenible de las comunidades latinoamericanas.

Palabras clave: Transición energética, América Latina, derechos humanos, sostenibilidad, istema interamericano de derechos humanos, comunidades DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.3
Capítulo 4

La necesaria responsabilidad en derechos humanos de los inversionistas extranjeros en América Latina y el Caribe: una perspectiva internacional con enfoque colombiano

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) permiten evidenciar el rol que como catalizador de la economía tiene la globalización en escenarios de transferencia de bienes, servicios, información y capital. Hoy, los Estados se encuentran interconectados y, en cierta medida, son dependientes entre sí. La IED, promovida a través de acuerdos internacionales de inversión (AII), tiene un impacto directo en los derechos humanos de la población del Estado anfitrión de la inversión. En este sentido, se ha puesto atención insuficiente a los deberes convencionales que han de asumir los inversionistas extranjeros cuando realizan operaciones de IED en territorio extranjero. Este capítulo explora tales deberes, con particular enfoque en Colombia, para la promoción de los derechos humanos.

Palabras clave: inversión extranjera, derechos humanos, acuerdos internacionales de inversión, inversionistas extranjeros, globalizacion, Estado, derecho internaci DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.4
Capítulo 5

Emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio en el medio ambiente en la minería de oro artesanal y en pequeña escala en la Comunidad Andina: entre la informalidad y la ilegalidad en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

El mercurio es un metal altamente contaminante en la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), ya que se emite al aire y se libera en el agua y suelo duran te el proceso de amalgamación del oro. Este se acumula en los ecosistemas y en la cadena alimenticia, provocando daños graves en los seres humanos, especialmente en niños y mujeres embarazadas, así como en el medio ambiente. La respuesta internacional se ha condensado en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado que promueve, entre otras, la adopción de medidas para la reducción y, eventualmente, eliminación del uso de mercurio en la minería. Sin embargo, su implementación en la Comunidad Andina (CAN) enfrenta desafíos debido a la in formalidad en la que se desarrolla la actividad minera en la región, la presencia de grupos armados al margen de la ley, el contrabando de mercurio y la minería de subsistencia. A pesar de los avances, la estructura de dicho convenio y la amplia libertad de apreciación nacional han limitado la eficacia del tratado, pues cada país determina sus propias metas de reducción de emisiones de mercurio en la región y regula de formas diferenciadas los tipos de minería que requieren intervención.

Palabras clave: Minería artesanal y en pequeña escala, comunidad andina, informalidad, contrabando, derecho internacional DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.5
Capítulo 6

Destrucción de la cultura indígena: ¿persecución cultural o exterminio?

En países como Colombia, México y Guatemala, las comunidades indígenas representan un porcentaje importante de la población. Un desafío significativo que se presenta en estos Estados son las graves violaciones de los derechos de las comunidades indígenas. Estos países han realizado diferentes esfuerzos por calificar las conductas y desarrollar los crímenes, en cumplimiento del deber internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en sus territorios. Este fenómeno ha llevado a Colombia a proponer un nuevo crimen: el exterminio cultural. ¿Realmente necesitamos este nuevo concepto o ya tenemos las herramientas para proteger a estas comunidades? Estas propuestas de los Estados resultan relevantes para el derecho penal internacional, que se desarrolla a partir de la interpretación que los Estados realizan de los crímenes. Esto, entre otras razones, por el principio de complementariedad, que otorga la responsabilidad principal de investigar, juzgar y sancionar a los Estados. La primera fase de desarrollo del derecho penal internacional estuvo liderada por Europa y se percibe que continúa impulsando la doctrina. Sin embargo, en la actualidad, América Latina se encuentra aplicando crímenes internacionales, contribuyendo a su desarrollo en razón de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo. En este sentido, ¿cuáles han sido los aportes de los sistemas jurídicos de Colombia, México y Guatemala a la construcción del crimen internacional de “exterminio cultural”? La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia tiene una característica particular y es que la Constitución Política le confiere la facultad de aplicar directamente el derecho penal internacional. Por consiguiente, el caso colombiano merece un análisis detallado para evaluar si las interpretaciones que realiza la JEP del derecho penal nacional e internacional constituyen un avance o un retroceso para estas disciplinas, con potenciales repercusiones en la región. Lo que evidencia el diagnóstico de Colombia, México y Guatemala es que no hay claridad sobre las figuras jurídicas que califican estos fenómenos en la región. No obstante, considerando la transversalidad y severidad de los fenómenos criminales contra las poblaciones indígenas, junto con la magnitud demográfica de estas comunidades en la región, Colombia podría estar liderando la implementación del crimen internacional de exterminio cultural. Por consiguiente, surgen las preguntas que serán abordadas en este capítulo: ¿cómo calificar jurídicamente la destrucción de la cultura de un pueblo?, ¿se debería crear un nuevo crimen internacional como el exterminio cultural o utilizar figuras ya establecidas como el crimen de persecución?, ¿cuál ha sido y cuál debería ser la respuesta del derecho internacional?

Palabras clave: Comunidades indígenas, exterminio cultural, derecho penal internacional, crímenes internacionales, Jurisdicción Especial para la Paz DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0683-4.6

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